En las últimas semanas hemos podido defender los intereses de clientes particulares, en calidad de inquilinos o de futuros compradores, frente a diferentes inmobiliarias.
Hemos encontrado problemas que nos gustaría trasladar en esta entrada:
POSICIÓN DE INFERIORIDAD
En los conflictos de intereses entre inmobiliarias y particulares existe una clara posición de desventaja para estos últimos. Las mercantiles se ocupan a diario de estos asuntos, mientras que cualquier ciudadano medio realizará a lo largo de su vida una o dos compraventas de inmuebles.
El desconocimiento del proceso que se debe llevar a cabo y de sus entresijos legales nos lleva inevitablemente a sufrir consecuencias negativas como pueden ser altas comisiones, contratos redactados de manera incorrecta o incluso llegar a firmar abultadas penalizaciones por incumplimiento.
OBVIAR MECANISMOS DE CONTROL
Precisamente, este hábito por parte de las inmobiliarias en la realización de compraventas, que podemos presuponer fácilmente y que ellas mismas nos dejaran continuamente patente, hace que el ciudadano se relaje, obviando así los mecanismos de control mínimos en operaciones de esta magnitud.
Cualquier cliente de una inmobiliaria debería: leer con atención todas y cada una de las cláusulas que incluya todo aquello que se firme, preguntar y clarificar todas las dudas que se puedan albergar como clientes, sin tener miedo de mostrar una actitud desconfiada o poco crédula.
En resumen, no dar por hecho que va a existir sencillamente buena fe por ambas partes, sino implicarse en la gestión del proceso manteniendo una actividad propia de alguien interesado y en estado de alerta, que no confía su dinero sin las precauciones necesarias.
NECESIDAD DE CONTACTO CON ABOGADO
Estos motivos nos llevan a recomendar la presencia de un abogado desde el primer paso del procedimiento, para prevenir cualquier acción que pudiera desembocar en repercusiones negativas para los particulares.
Y es que la relación con el abogado suele ser mucho más estrecha que la relación con los agentes de la inmobiliaria, basada en la confianza, lo que conllevará a que el particular se sienta más cómodo a la hora de aclarar cuestiones que puedan perjudicar sus intereses.
Además, asesorarse por un letrado evita en gran medida esa posición de inferioridad que tiene el usuario al estar metido en una actividad que para él es inusual, y que se torna aun más peligrosa si el cliente desconoce las consecuencias legales que sus actuaciones pueden conllevar.
Si seguimos la tónica habitual de contar con respaldo legal cuando aparecen los problemas, estos ya se encuentran en una fase avanzada donde es mucho más difícil solucionarlos sin penalizaciones. Por ello, encontramos altamente recomendable acompañarse de un abogado desde el principio del proceso.
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